En el escrito presentado el jueves, los fiscales dicen que es “esencial la prisión preventiva debido a la conveniencia del proceso penal” y entienden que el ex presidente podría “mover su red de apoyo violenta para evitar que el proceso penal siga su curso natural”.
Los investigadores también citan en su informe la “clara probabilidad de amenazas a las víctimas y testigos y la posible alteración de la producción de otras pruebas en el caso”. Los fiscales afirman la existencia de “maniobras violentas ampliamente probadas de Lula y sus partidarios”, con la promoción y apoyo del público e, incluso, de la presidente.
El pedido de prisión preventiva se enmarca en la denuncia presentada ayer. En esa acusación, de 193 páginas, los fiscales Cássio Conserino y José Carlos Blat argumentan que Lula trató de ocultar la titularidad de la propiedad, que está registrada oficialmente con el nombre de la empresa constructora de la OEA.
El tríplex de lujo atribuido a Lula da Silva está frente al mar, en Playa de las Asturias, estado de San Pablo. Tiene 215 metros cuadrados y lo edificó OAS, empresa que pagó sobornos para adjudicarse contratos.
