Sin revelar los términos del acuerdo al que llegó con la Constructora brasileña Norberto Odebrecht, la Procuraduría General de la República, informó que esa empresa en ocho años pagará a la República Dominicana US$184 millones por concepto de resarcimiento por el pago de sobornos a funcionarios para obtener obras del Estado.

El procurador Jean Alain Rodríguez Sánchez dijo que el miércoles, inmediatamente firmaron el acuerdo donde la empresa admite haber pagado US$92 millones para ser favorecidos con obras del Estado, les fueron desembolsados US$30 millones, por lo que les resta por pagar US$154 millones.

Rodríguez Sánchez no especificó si el acuerdo deberá o no ser homologado por un juez o si es un convenio de naturaleza civil arribado entre el Estado dominicano y la constructora, la cual tuvo que ser acogida por el órgano persecutor de las infracciones penales establecida en el Código Penal Dominicano.

Pero sí destacó que el contenido del mismo “es totalmente” confidencial, amparado en el artículo 290 del Código Procesal Penal Dominicano. El Procurador explicó que el resto del dinero será desembolsado paulatinamente en un plazo de 8 años, y que la República Dominicana gozará de un derecho de prelación o privilegio en el cobro de la indemnización sobre los demás países afectados por sobornos, a excepción de Estados Unidos, Brasil y Suiza.

Dijo, que como condición para obtener los beneficios del convenio, del cual se desconocen los tipos penales admitidos por la multinacional, “Odebrecht se comprometió a proporcionar al Ministerio Público toda la información que le sea requerida, especialmente la delación premiada sobre las operaciones de Odebrecht en el país ofrecida ante el Ministerio Público Federal de Brasil, a raíz de la cual resultarán identificadas personas, obras y la estructura financiera empleada en la movilización de los fondos destinados a sobornos, entre otras informaciones que permitirán al Ministerio Público dominicano continuar con su investigación y someter a la justicia a quienes hayan violado la ley”.

Jean Alain Rodríguez describió que como contrapartida de la compensación y colaboración jurídica de Odebrecht, en respeto a los acuerdos internacionales, el principio de non bis in ídem y la economía procesal, y una vez satisfechas las condiciones del acuerdo, la empresa y sus empleados directos continuarán siendo procesados en Brasil, donde su principal funcionario, Marcelo Odebrecht, se encuentra cumpliendo una condena de 19 años de prisión.

Aclaró que al igual que en Brasil, Estados Unidos y Suiza, el acuerdo beneficiará únicamente a Odebrecht y sus empleados directos, por lo que quedan completamente fuera, y podrán ser objeto de persecución penal todas las sociedades que no sean parte del grupo económico de Odebrecht.

De igual modo, los representantes comerciales, comisionistas, agentes, intermediarios, empresarios, funcionarios públicos y demás terceros involucrados en los hechos.

El Ministerio Público solicitará el levantamiento de las medidas cautelares que había solicitado contra la empresa, incluyendo la solicitud de inhabilitación temporal ante la Dirección General de Contrataciones Públicas. La empresa tiene 24 meses para implementar medidas de fortalecimiento de la ética, gobierno corporativo, integridad y transparencia.