El colectivo Marcha Verde llevó ayer al Palacio Nacional el Libro que reúne 312,415 firmas en todo el territorio nacional, con las que formalizaron el emplazamiento dirigido al presidente Danilo Medina, para que a más tardar el 27 de febrero conforme una comisión de fiscales independientes, que con el acompañamiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), investigue el caso Odebrecht desde 2001 a la fecha.

En una carta dirigida al mandatario, el grupo puntualizó que la comisión debe ser integrada por fiscales miembros de la carrera en el Ministerio Público actuales, así como abogados en ejercicio que se han incorporado de manera oficial al organismo, que no tengan afiliación partidaria, posean buenos antecedentes, conducta intachable comprobable que garanticen la transparencia en el proceso.

Reiteró además la importancia de hacer acompañar esta comisión por una misión especial de la ONU, amparada en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, de carácter constitucional, para brindar apoyo técnico y garantizar transparencia en las investigaciones.

María Teresa Cabral resaltó la colecta de firmas como una señal de que la ciudanía aboga por el fin de la impunidad y que el Gobierno no debe ignorar las demandas y reclamos que se les hace.

Las organizaciones de la sociedad civil instaron a Medina a que “asuma como suya la causa y de respuestas inmediatas, reales y profundas a un pueblo que reclama sea revertida la impunidad”.

Caso Odebrecht
Según el acuerdo de culpabilidad entre la constructora brasileña y la justicia de Estados Unidos, El “Empleado 6” de Odebrecht, quien es un ciudadano brasileño y cuya identidad es conocida por Estados Unidos, era el ejecutivo responsable de aprobar el pago de los sobornos a funcionarios de gobiernos extranjeros y dirigentes de partidos políticos fuera de Brasil.

Odebrecht dijo a las autoridades judiciales estadounidenses que los pagos por sobornos que hizo a funcionarios del Gobierno dominicano, entre los años 2001-2014, no fueron documentados y utilizó sus influencias para que en el Presupuesto Nacional de República Dominicana fueran aprobados financiamientos para los proyectos que ejecutaría en el país.

Este informe fue dado por el “Empleado 6” en un amplio expediente de la Corte del Distrito Este de Nueva York, y que se publica en una página de internet a la que tienen acceso investigadores y abogados, previo a un registro, sobre el pago de los sobornos que la empresa hizo a funcionarios de varios gobiernos latinoamericanos para sacar ganancias en la licitación de importantes proyectos.

La información destaca que “para asegurar ciertos contratos de obras públicas en la República Dominicana, Odebrecht pagó sobornos a un intermediario responsable de mediar con el Gobierno”.