La República Dominicana se acerca ya al centenar de fallecidos por el nuevo coronavirus, causante de la enfermedad COVID-19. En 98 se situó la cifra dada a conocer ayer por el Ministerio de Salud Pública, que registra además un total de 1,956 casos positivos diagnosticados.
Del total de fallecimientos, al 98% se le había realizado la prueba de detección del virus y dio positivo, aseguró el ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, al dar las informaciones de casos incluidos en el boletín epidemiológico número 19, correspondiente al martes 7 de abril.
El funcionario destacó la importancia de la participación de los médicos especialistas para reducir la cantidad de muertes que se registran, y señaló que en muchos de los hospitales, sobre todo los docentes, se está dejando en manos de los residentes el manejo de los casos de VOCID-19, lo que, dijo, ha debilitado significativamente la capacidad de resolución y manejo de los casos en buena parte de esos centros.
“Se han tomado medidas ya por la comisión para el reforzamiento en los hospitales que están recibiendo la mayoría de la demanda de atención de urgencias a nivel nacional, pero básicamente confirmo que esos problemas tienen que ver con la falta de recursos humanos suficientes ante la alta demanda que se está produciendo”, resaltó.
No obstante, Sánchez Cárdenas defendió la respuesta que están dando a las solicitudes de pruebas de los pacientes, así como los niveles de letalidad del coronavirus en la actualidad que, según el boletín actual es de un 5%.
“La data real para medir la tasa de letalidad del país que figura alta es por el número bajo de pruebas comprobatorias”, indicó el ministro. Comparó la respuesta a las solicitudes de pruebas con las que presenta la ciudad de Nueva York, donde, dijo, se tardan unas 3 semanas, mientras en República Dominicana el máximo son nueve días, con una media de tres días, a menos que presenten carencia de insumos.
El ministro de Salud también informó sobre la venta ilegal que se realiza en el país de pruebas rápidas para la detección de COVID-19 y advirtió que detendrán a las personas que sean sorprendidas en esa venta irregular.
Dijo que las pruebas rápidas de inmunoglobulina se están comercializando entre US$45 y US$800 dólares. “Esto es una irregularidad que el Ministerio de Salud Pública no va a permitir. Todo producto importado necesita registro sanitario, salvo los casos de pruebas rápidas y otras que necesitan una aprobación expedita de emergencia de la Dirección General de Medicamentos para la circulación a nivel local”, manifestó el funcionario.
Advirtió que el Ministerio movilizará operativos de vigilancia sanitaria a fines de detener e incautar a aquellos que, bajo procedimientos no autorizados, están comercializando las pruebas rápidas y llamó a la ciudadanía a denunciar esa práctica irregular.
Según el último boletín, 55 médicos dieron positivo al COVID-19. El 55 % de los casos confirmados (36 médicos) fueron registrados en la provincia Santo Domingo.
El ministro Sánchez Cárdenas informó que la dirección provincial de salud de Espaillat estará interviniendo el municipio de Gaspar Hernández.
Pese a que la localidad solo registró dos nuevos caos de COVID-19 en las últimas horas, “sin cambios ni fallecimientos”, Sánchez Cárdenas expuso que se están haciendo los levantamientos de lugar para tener una notificación detallada de la situación.
La reacción del funcionario es en respuesta al senador de la provincia Espaillat (PLD), José Rafael Vargas, quien solicitó a las autoridades sanitarias declarar el municipio de Gaspar Hernández en estado de emergencia por el brote de coronavirus en la provincia.
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