La Dirección General de Contrataciones Públicas determinó que hubo irregularidades “graves” en la licitación del Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) para la mejora del centro de control de tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo y remitió el caso al Ministerio Público.

Ayer, durante una rueda de prensa, el director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, anunció la decisión de remitir el caso al Ministerio Público luego de haber previamente suspendido de manera temporal el contrato y analizado dos denuncias contra la licitación.

La entidad dijo que tras analizado los documentos que integran el expediente administrativo del procedimiento, que consta en el portal transaccional y verificar los documentos recopilados, así como las denuncias presentadas al órgano rector, constató la existencia de elementos que permiten la adopción de una medida cautelar de oficio.

“Sobre el particular, hemos encontrado graves irregularidades en la ejecución del procedimiento, tales como indicios de falsificación de documentos, composición accionaria difusa, movimientos sospechosos de accionistas, entre otros, que nos motivan a depositar ante el Ministerio Público los hallazgos encontrados, con la finalidad de que se investigue a la razón social Transcore Latam, SRL, a fin de que se identifique al beneficiario final de dicha empresa y su participación en actividades ilegales o fraudulentas relacionadas con la contratación”, informó Pimentel.

Sumado a esto, anunció que junto con la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, están agotando el procedimiento administrativo sancionador respecto de Transcore Latam SRL, empresa que obtuvo el contrato, y así determinar las consecuencias jurídicas.

Contrataciones Pública también declaró la nulidad de pleno derecho de los informes, la evaluación técnica, evaluación de ofertas y otros aspectos, que implica a su vez la “nulidad del referido contrato”, por lo que el Intrant debería realizar nuevamente la licitación desde el inicio.

VERTENCIAS

En el mismo comunicado, Carlos Pimentel también dijo que realizó mediante comunicaciones varias advertencias al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) sobre la licitación del contrato que buscaba mejorar del centro de control de tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo, pero nunca recibió respuesta.

Esquematizó una cronología sobre los hechos y que derivaron en la suspensión definitiva del contrato con la empresa Transcore Latam SRL, y el envío del caso al Ministerio Público.

El funcionario público dijo que el inicio de las irregularidades inició con la publicación y posterior adjudicación del contrato, ya que inicialmente el monto dispuesto para la mejora del centro de control de tráfico y la red de semáforos en el Gran Santo Domingo era de unos 1200 millones de pesos, pero finalmente se otorgó en más 1317 millones de pesos.

“Sobre ese particular, la entidad contratante adjudicó por un monto mayor del que tenían previsto inicialmente para esta licitación, con lo cual estaría comprometiendo al Estado por encima de su disponibilidad, lo que podría acarrear responsabilidad penal y patrimonial para los funcionarios actuantes”, dijo Pimentel.

Agregó que posteriormente ha suscrito el contrato, la Dirección General de Contrataciones Públicas notificó al Intrant las denuncias presentadas por las empresas Transcore LP, Sistemas Integrados de Control, S.A. quienes alegaron que la empresa ganadora “había utilizado informaciones creadas de forma falsa o fraudulenta o adulteradas o de otras fuentes públicas disponibles”.

“En dicha comunicación orientamos al Intrant sobre el debido proceso para iniciar el procedimiento administrativo sancionador contra el proveedor Transcore Latam, S.R.L., en el entendido de que los hechos denunciados podrían dar cuenta de una infracción administrativa dentro del marco del procedimiento de contratación, que involucraría la eventual aplicación de la sanción de inhabilitación permanente contra el proveedor, en caso de determinarse la presentación de informaciones o documentos falsos o adulterados, en el marco de un procedimiento de contratación, lo cual se considera una infracción gravísima en materia de contrataciones públicas” indicó Contrataciones Públicas.

Sin embargo, revelaron que a pesar de buscarse presto a colaborar y coordinar las acciones a tomar con el Intrant “al día de hoy no hemos recibido ninguna contestación del Intrant sobre el particular”.

Ya para el pasado 25 de octubre, la Dirección General de Contrataciones Públicas remitió otro comunicado al Intrant indicando que, en vista de que no habían presentado ningún informe con relación a las denuncias encontradas, estarían llevando a cabo las investigaciones sobre el contrato y proceder con las disposiciones que indica la Ley, pasando primero con la suspensión temporal del contrato y luego la remisión del caso del Ministerio Público.

ENTRAMADO DE EMPRESAS

El funcionario también identificó que la empresa adjudicataria del contrato puede haber estado dentro de un entramado societario con “estructuras empresariales complejas”, con aparentes signos de “utilización de mecanismos de creación de múltiples empresas a través de una única entidad o un solo beneficiario final”.

Indicó que durante las investigaciones identificaron que Transcore Latam, SRL, tiene indicios de falsificación de documentos, estructura empresarial imprecisa, composición accionaria difusa, naturaleza inusual y precisa de los resultados de los índices calculados en cuanto a los estados financieros, movimientos de accionistas sospechosos, entre otras irregularidades.

Especificó que durante el proceso de investigación fue encontrada una documentación societaria de la empresa adjudicara, mediante la cual se incluyó como fiador solidario e indivisible a la empresa “Dekolor, SRL.”, en una facilidad crediticia tomada por Transcore Latam con una entidad financiera por un monto de 120 millones de pesos.

Agregó que Dekolor es una empresa relacionada con José Ángel Gómez Canaán (conocido como Jochi Gómez) y su empresa OML Inversiones, quien en adición, según verificación realizada por la entidad pública, tiene el registro en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi) de las compañías “SIC Transcore Dominicana”, “Transcore” y “Transcore Dominicana”, afines a su vez con la contratación actual del Intrant.

“La creación de empresas con nombres y actividades comerciales similares ha sido identificada como una práctica preocupante durante nuestra investigación. Este fenómeno sugiere la posible intención de confundir o engañar, lo cual podría tener implicaciones serias en términos de transparencia, legalidad o consecuencias penales”, concluyó el director de Contrataciones Públicas.