El Gobierno descalificó a una abogada que publicó un artículo en el periódico estadounidense “The New York Times” que sugirió intervenir la República Dominicana por la aplicación de su política migratoria, tras alegar que la autora no es periodista y además lleva casos contra el país en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

En un comunicado de respuesta al contenido del artículo, el Gobierno precisó que Roxanna Altholz es abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, que llevó el denominado caso Yean y Bosico, en el que se condenó a República Dominicana en esa corte y actualmente lleva otros expedientes contra el país.

“El artículo publicado en el periódico estadounidense “The New York Times”, que sugiere una intervención en República Dominicana por cumplir su legislación migratoria, no es un editorial ni un reportaje elaborado por un periodista de dicho medio, sino un artículo de opinión de un tercero”, se indicó en el documento distribuido anoche por la Presidencia de la República.

Se precisó que la autora del artículo del “The New York Times” no es periodista, es la abogada Roxanna Altholz, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y profesora de la Clínica de Derechos Humanos de Berkeley, ambas instituciones demandantes de la República Dominicana ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica, por el caso Yean y Bosico, en esa primera vez que sientan al país en el banquillo de los acusados.

“Posteriormente, en 2008, Altholz, en representación del CEJIL, inició un caso de petición de protección ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos por presuntas amenazas desde el Estado hacia personas de ascendencia haitiana, lo que luego fue demostrado infundado”, manifestó el Gobierno.

Sostuvo que en la biografía oficial de Altholz se indica que actualmente tiene “casos abiertos” contra República Dominicana.

“Todo lo anterior evidencia que el artículo del “The New York Times” no fue un artículo periodístico ni escrito por un comentarista imparcial, sino por una abogada que específicamente frente a la República Dominicana constituye parte interesada”, agregó el Palacio contra el artículo publicado ayer por el prestigioso diario estadounidense.

Contenido del artículo

En el artículo titulado “La República Dominicana debe parar expulsiones de haitianos”, Altholz y Laurel E. Fletcher, se acusa al país de amenazar con expulsar a cientos de miles de haitianos que viven y trabajan en el país, alegando que muchos de ellos llegaron a trabajar en la industria azucarera, la construcción y el turismo.

“La República Dominicana debe poner un alto a las redadas esporádicas y expulsiones sumarias. Si no lo hace, la comunidad internacional debe intervenir.

Las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos deben solicitar que los observadores internacionales estén estacionados a lo largo de la frontera y en los centros de detención para disuadir abusos contra los derechos humanos. Si los dominicanos se resisten, deben ser rechazados en los foros internacionales.

Los Estados Unidos, que dio cerca de US$30 millones en ayuda a la República Dominicana en 2012, debe ayudar a prevenir un desastre humanitario”, dicen los autores Altholz y Fletcher.

Se advierte que también decenas de miles de dominicanos de ascendencia haitiana, cuyos padres o abuelos habían cruzado la frontera de oportunidades económicas, viven en un limbo legal. Indican los autores que hasta 2010, la Constitución concede ostensiblemente la ciudadanía a toda persona nacida en el país, pero que muchos fueron excluidos debido a que sus padres se han considerado “en tránsito” en el momento de su nacimiento.

Se acusa a República Dominicana de tener una larga y brutal historia de expulsiones masivas de haitianos, citando el caso cuando el tirano Rafael Leonidas Trujillo ordenó en 1937 “la masacre de decenas de miles de ellos”.

En el artículo publicado por “The New York” se precisa que el Gobierno ha negado que discrimina a los inmigrantes haitianos o dominicanos de ascendencia haitiana, precisando que incluso se dice que el proceso de registro reciente fue un éxito, pero considera que esas afirmaciones de las autoridades no son creíbles.

Se dice que un estimado de 450 mil inmigrantes hatianos en el país, algunos 290 mil se presentaron en la fecha límite para registrarse, pero que menos del 2% le han concedido estatus legal.

Se argumenta que las autoridades negaron sistemáticamente documentos y tarjetas de identificación a los dominicanos de ascendencia haitiana, sin justificación, a menudo sobre la base de sus apellidos franceses o criollos o del color de la piel. “Como resultado, estas personas -junto con los trabajadores migrantes haitianos- han vivido con el temor constante de expulsión arbitraria a Haití”, agregaron.

Fuente: eldia.com.do